Isabel Ortega/Xalapa, Ver.- Representantes de partidos políticos en la mesa del Consejo General del Organismo Público Local Electoral (OPLE) alertaron del riesgo que en el proceso electoral del 2024, en todas sus etapas, se va a judicializar.
Lo anterior, luego de que el Tribunal Electoral del Estado (TEEV), determinó revocar el acuerdo por le que se aprobaba la Consulta a Pueblos Indígenas y Afrodescendientes que se iba a realizar en los meses de junio, julio, agosto y septiembre, pues los consejeros se habían extralimitado en sus funciones al ordenar su realización.
En las sesión ordinaria, en asuntos generales, los partidos pidieron retomar la sentencia de los magistrados locales, en la que por cuarta ocasión se observa que los consejeros se extralimitaron en sus funciones; y recordaron que desde que se votó el acuerdo general se observó que había riesgos en la decisión.
El primero en hablar del tema fue el representante de Morena, Gabriel Zúñiga Obando quien recordó que él ya había alertado de que se estaban extralimitando y que las autoridades jurisdiccionales podrían revocar el acuerdo, tal como ocurrió el viernes 23 de junio.
El representante cuestionó la ausencia de los consejeros, pues más de la mitad se presentó de manera virtual, a pesar de que estaban en sus oficinas, a un lado del salón donde estaban sesionando.
Incluso, preguntó por qué no se reunieron de manera urgente para acatar la sentencia del TEEV al revisar el recurso RAP 8/2023, y sólo se anunció que se cancelaba la consulta pública. El representante comentó que es la cuarta ocasión en la que una autoridad jurisdiccional les dice a los consejeros que se excedieron en sus atribuciones.
En el caso del Verde Ecologista, su representante Carlos Montaño observó que la resistencia de los consejos de escuchar y atender las recomendaciones de los partidos fue lo que llevó a la anulación de la consulta a grupos indígenas y afrodescendientes.
Ante ese escenario, dijo que el proceso electoral será altamente judicializado, por lo que auguró que todas las etapas de la elección del 2024 tendrá que pasar por tribunales, lo anterior, porque no se tiene directores a la altura del encargo y hay consejeros que no ven y no oyen a los partidos políticos.
Sumado a que algunos consejeros electorales, con mayor tiempo en el Consejo, impulsan una agenda particular, sin atender lo que se dice en la mesa y sin reconocer sus límites como autoridad administrativa.
El representante aclaró que los partidos políticos no están contra la consulta, ni de los pueblos indígenas o pueblos afroamericanos, ni jóvenes, ni de la comunidad de la diversidad, “como lo quisieron hacer ver algunos consejeros”.
Aunque no mencionó nombres, se refirió que un consejero local (Roberto López Pérez) insistió en impulsar la consulta, cuando era más sencillo el preguntar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), si la acción de inconstitucionalidad 210/2022, alcanzaba al OPLE y debían tomar alguna acción.
Incluso, reprochó que la única de las integrantes de la Mesa del Consejo que salió a dar la cara por el organismo fue la presidenta Marisol Delgadillo que dio una entrevista en la que reconoció que acatarían la sentencia, aunque no compartían la visión de los magistrados.
La panista, Ana Cristina Ledezma, como las representantes del PT y Fuerza por México, recordó que ellos habían hecho la observación que la consulta era una atribución legislativa, derivado de una sentencia de los Ministros de la Corte.
Lo anterior, para mantener orden, respeto y estado de Derecho, pues sólo es competencia del Congreso de Veracruz el poder legislar y no así el OPLE que se extralimitó en su decisión de llamar a una consulta, sin tener la obligación de realizarlo.
Los consejeros reconocieron el trabajo de los integrantes del OPLE que desde el mes de enero trabajaron en la organización de la consulta, que se calcula, tendría un costo total de 2 millones de pesos. Y se dijo que habrá que esperar la resolución de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que revisará la sentencia de los magistrados locales.
Sin embargo, los partidos aclararon que difícilmente la sentencia se va a variar, respecto de las atribuciones del OPLE, “ojalá este Ople no compre un circo, porque le van a crecer los enanos”
Movimiento Ciudadano, representado por Miguel Angel Morales, comentó que si los hubieran escuchado se habrían evitado el gasto y preguntó cuánto erogó el OPLE en acciones que se vieron obligados a cancelar.
Observó que era necesario llegar al proceso electoral en orden y armonía, sin embargo, eso no ocurrió, ante la cerrazón de algunos que buscaron imponer la organización de la consulta que, desde un inicio, se dijo que no correspondía al órgano electoral.
La historia
El 31 de mayo la mesa del Consejo del Organismo Público Local Electoral (OPLE) votó un acuerdo por el que se acordaba la realización de la Consulta Popular, de la que a la fecha no se conoce cuál fue su costo, lo anterior, acatando la sentencia de la acción de inconstitucionalidad 210/2022 de la SCJN.
En la reunión de trabajo, los representantes de los partidos PRI, PAN, Verde y Morena insistieron que estaba a favor de las acciones afirmativas, sin embargo, observaron que desde las sesiones de comisiones se pidió al OPLE consultar con la Suprema Corte si ellos estaban vinculados y/o obligados a realizar la consulta popular.
El argumento del OPLE para realizar la consulta era que se buscaba preguntar a los grupos afrodescendientes de cómo es que querían elegir a sus autoridades locales, estatales y federales.
Al resolver el RAP 8/2023, los magistrados electorales confirmaron la premisa del PAN que estableció que los consejeros partieron de una premisa errónea, pues considerando que en la sentencia de los ministros de la Corte les ordenaban realizar la consulta.
