Juan David Castilla.- Colectivos y redes de organizaciones civiles de Veracruz se sumaron al reclamo nacional para que el gobierno reconozca la gestión comunitaria del agua en la Constitución Mexicana.
También alzaron la voz los ambientalistas de los estados de Baja California Sur, Campeche, Ciudad de México, Chiapas, Estado de México, Guanajuato, Oaxaca, Querétaro y Morelos.
Señalan que la gestión comunitaria del agua (GCA) fortalece el tejido social colectivo y contribuye a efectivamente frenar el neoliberalismo.
Se estima que hay más de 20 mil organizaciones comunitarias que garantizan el acceso al agua y al saneamiento para 25 millones de personas que viven en zonas rurales, periurbanas y marginales.
Sostienen que el reconocimiento constitucional de la GCA asegura que México sea esa república donde el acceso al agua sea un derecho y no un privilegio
Si bien valoran la incorporación del tema del agua entre los 100 puntos de gobierno que la presidenta Claudia Sheinbaum presentó el pasado 1° de octubre, lamentan que la gestión comunitaria no esté explícitamente contemplada ni se sepa cuándo y cómo se avanzará en su reconocimiento constitucional (tema ya planteado en la reforma constitucional de medio ambiente dictaminada el pasado mes de agosto).
Estas organizaciones han sostenido el acceso al agua sin fines de lucro, han priorizado los derechos humanos sobre el lucro y han sido eficientes y transparentes con el manejo de los recursos comunitarios y los apoyos ocasionales que reciben, dado que de forma regular rinden cuentas ante la asamblea que los elige.
“La gestión comunitaria del agua ha sido la herramienta para que los y las habitantes de zonas rurales e indígenas de México puedan acceder de manera digna al derecho humano al agua y al el saneamiento y también ha sido un antídoto contra el modelo neoliberal de la gestión del agua, que ha favorecido la explotación comercial del recurso”, indican.
Las organizaciones presentes piden audiencia con la presidenta Sheinbaum para que las escuche y opine a favor del reconocimiento constitucional de la gestión comunitaria del agua, puesto que este modelo es clave para una gestión equitativa, sostenible y justa del agua del país.
