Vive política catalana parálisis y se aleja investidura de Puigdemont
Madrid, 02 de febrero de 2018/Notimex. La política en Cataluña (noreste de España) vive estos días una parálisis en medio de la encrucijada, por la que independentistas tratan de mantener su proyecto a pesar de los problemas judiciales de sus principales líderes.
El expresidente de la Generalitat de Cataluña y líder de los secesionistas, Carles Puigdemont, ve cada vez más difícil poder recuperar nuevamente al gobierno catalán, después de que el Tribunal Constitucional le cerrara esta semana las posibilidades de lograrlo.
A pesar de que la ley española le permite ejercer sus derechos políticos (en tanto no haya enjuiciado y sentenciado a prisión) y por eso contendió en las elecciones del 21 de diciembre, aún pesa sobre él una orden de detención por el proceso independentista de octubre.
Con una mayoría parlamentaria que le apoya para volver al cargo, (68 de los 135 diputados del Parlamento catalán) las opciones de Puigdemont se cerraron cuando el alto tribunal prohibió la votación de investidura sin que éste estuviera físicamente en el lugar.
El 30 de enero el presidente de la cámara, el republicano Roger Torrent, debió suspender la sesión de investidura horas antes de comenzar para no ser sujeto de responsabilidades penales por permitir esa votación, pero mantiene a Puigdemont como único candidato.
“No se puede ser prófugo de la justicia, residir en Bruselas y pretender que te elijan presidente en Cataluña”, resumió el jefe del gobierno español Mariano Rajoy a esa misma hora, para describir la situación.
La decisión de Torrent abrió una marcada división entre las fuerzas independentistas, principalmente en Juntos por Cataluña que lidera Puigdemont, cuyos diputados llegaron a la cámara sin saber que la sesión se iba a suspender.
El cruce de acusaciones con Esquerra Republicana de Cataluña (que defiende a Torrent) fue intenso a lo largo de ese y ellas se sumaron los anticapitalistas de la Candidatura de Unidad Popular (CUP), mientras los partidos constitucionalistas veían perplejos cómo fraccionaba el independentismo.
De forma adicional, al día siguiente se filtró una imagen del teléfono de Antoni Comín, independentista afincado en Bruselas con Puigdemont cuando éste le mandaba mensajes en los que reconocía su derrota y le hacía saber que estaba siendo sacrificado por los suyos.
El líder independentista reconoció que los mensajes son suyos, que se trató de un momento de duda sobre su futuro y que mantiene su proyecto, pero aun así sus diputados ha optado por el silencio y suman tres días sin aparecer apenas en los medios de comunicación.
En tanto, para tratar de encontrar una solución, Torrent pidió al Tribunal Constitucional permitir la investidura Puigdemont, y los servicios jurídicos de la cámara un informe sobre los plazos en que puede dilatar esta situación.
De acuerdo con el sistema parlamentario y el reglamento de la cámara, la nueva investidura tiene un plazo para realizar la sesión de investidura, que ya culminó el pasado 31 de enero, sin haberse cumplido.
Además, se establece que para saber si se convocan o no a nuevas elecciones debe correr un plazo de dos meses a partir de la primera votación fallida de investidura, algo que tampoco se ha materializado, y sobre lo que los letrados del Parlamento deben decidir.
La opción de que los constitucionalistas desbloqueen esta situación fue descartada por la líder de Ciudadanos (partido más votado en los comicios de diciembre) Inés Arrimadas, ya que la suma de todos los no independentistas no alcanza para una investidura.
El portavoz del gobierno español Iñigo Méndez de Vigo, confirmó hoy que se esperará a conocer lo que diga el informe de los servicios jurídicos del Parlamento catalán, sobre en qué momento empieza a correr el plazo para unas nuevas elecciones.
El ejecutivo de Rajoy insiste en que Torrent, con el acuerdo de los grupos parlamentarios, debe proponer un nuevo candidato que no tenga cuentas pendientes con la justicia.
El grupo parlamentario de ERC volvió este viernes a desmarcarse de Puigdemont, al asegurar que cualquier decisión no debe implicar responsabilidades penales, con lo que la propuesta de investirlo en ausencia se aleja más.
