Autoridad ambiental inspecciona bancos pétreos en Veracruz

México, 09 de mayo/Notimex. Personal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) inspeccionó bancos de materiales pétreos en diferentes localidades de Actopan, Veracruz, en las que se detectó la remoción de áreas forestales.

En atención a denuncias presentadas por Pronatura y el Centro Mexicano de Derecho Ambiental en 2017, los inspectores ambientales llevaron a cabo recorridos de vigilancia en las localidades de Mozomboa, Villa Rica y La Mancha.

En esas diligencias ubicaron distintos bancos de extracción de material pétreo autorizados por el gobierno estatal y se identificaron los que tienen competencia federal.

Refirió que la verificación de esa actividad recae en el ámbito estatal, en virtud de que el material pétreo como la roca basáltica no es considerado como mineral o sustancia reservada a la Federación de acuerdo con la Ley Minera.

Además, desde 2015, derivado de los recorridos de vigilancia, la Profepa fortaleció su presencia y ha inspeccionado en las materias de impacto ambiental y forestal, diferentes bancos de extracción de material pétreo Actopan, utilizado en los trabajos de ampliación del Puerto de Veracruz.

Esas acciones dieron lugar a la clausura y suspensión de esas actividades, debido a la falta de las autorizaciones federales que otorga la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Lo anterior, derivado de que previo a la explotación del material pétreo, los responsables de esta actividad llevaron a cabo la remoción de vegetación forestal para darle al suelo un uso distinto y se iniciaron los procedimientos administrativos correspondientes.

En ese sentido, indicó que la actividad de extracción de este material pétreo no recae en los supuestos de los artículos 28, fracción III de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y de su Reglamento en materia de Evaluación del Impacto Ambiental.

La Profepa continuará verificando el cumplimiento de la normatividad ambiental en el ámbito de su competencia, para garantizar el derecho a un medio ambiente sano para el desarrollo y bienestar de toda persona.

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