Tribunal reafirma acusación contra independentistas catalanes
Madrid, 09 de mayo/Notimex. El magistrado del Tribunal Supremo de España, Pablo Llarena, reafirmó hoy la acusación contra 23 dirigentes independentistas catalanes, a los que mantiene el procesamiento por rebelión, malversación de fondos públicos y desobediencia.
En una resolución emitida este miércoles, denegó los recursos de impugnación que contra el procesamiento interpusieron los acusados, y además reitera que sobre el delito de rebelión concurre el requisito de la violencia, y en el de malversación no hay contradicción con la inspección de la Hacienda pública.
Llarena resaltó que en cuanto a hechos de violencia se enumeran los preparativos y desarrollo de la consulta independentista del 01 de octubre, en la que destaca la movilización del 20 de septiembre contra las fuerzas de seguridad que trataban de impedir el referéndum.
Destacó que en ambos casos la violencia se “patentiza su concurrencia en los hechos que se enjuician en un comportamiento que va más allá de la legítima reivindicación de un posicionamiento político-ideológico”.
Como consecuencia del quebranto del ordenamiento jurídico, el juez recordó que cerca de tres mil empresas (con un volumen de facturación de 44 mil millones de euros), cambiaron su domicilio a lugares fuera de Cataluña.
Descartó que las recientes declaraciones del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en las que afirmaba que no se usó dinero público para el referéndum del 1 de octubre afecten su investigación, ya que la documentación aportada confirma la malversación.
“La propia fiscalización de las cuentas de la Generalitat que se ha llevado por el Ministerio de Hacienda detectó (y mucho antes de que se desatara la polémica que la defensa esgrime), determinados marcadores que sugerían lo que el auto de procesamiento sostiene”, apuntó.
Llarena enfatizó que hay pruebas sobre los costos de la publicidad del referéndum en los medios de comunicación públicos, la distribución de documentación electoral, los sobres para remisión de cartas certificadas, los gastos de folletos de propaganda y cartelería.
Asimismo, incluye referencias a los gastos derivados de la intervención de una pluralidad de observadores internacionales.
En tanto, como estaba previsto el gobierno español impugnó ante el Tribunal Constitucional la reforma de la llamada Ley de Presidencia, que aprobada el Parlamento de Cataluña el viernes, permitiría votar como presidente a un candidato ausente de la sesión de la cámara.
El ministro portavoz y de Educación del gobierno español Iñigo Méndez de Vigo informó que “la verdadera intención» de esa reforma es “permitir una investidura a distancia” de Carles Puigdemont.
En rueda de prensa tras una reunión extraordinaria del Consejo de Ministros que avaló la impugnación, aseguró que el líder independentista es “un prófugo de la justicia” sobre el que pesa “una orden europea de detención y entrega que está siendo estudiada por la justicia alemana”.
El Tribunal Constitucional inició este mismo miércoles una reunión en la que analiza el recurso presentado por el gobierno, y podría emitir una resolución al respecto.
