Autoridad laboral obtiene más de 90 mil laudos favorables para empleados

México, 30 de mayo/Notimex. La titular de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo, Alejandra Negrete Morayta, afirmó que en lo que va esta administración se han obtenido más de 90 mil laudos favorables para los trabajadores y con esto se ha recuperado más de 12 mil millones de pesos en favor de este sector.

En la actualidad, expresó, la procuraduría representa a más de 55 mil trabajadores, con el objetivo de resarcir cualquier violación de sus derechos laborales.

“Hemos obtenido más o menos, ocho de cada diez laudos o sentencias favorables en favor del trabajador. Y en los casos de conciliación, que siempre la privilegiamos, tenemos 96.1 por ciento de efectividad”, subrayó.

Señaló que en el caso específico del reparto de utilidades, del 01 de mayo de este año al día de hoy se han dado más de seis mil asesorías, conciliaciones y representaciones en relación con el pago de esta conquista social que se encuentra plasmada en la Ley Federal del Trabajo.

En conferencia de prensa, comentó que junto a estos servicios que se prestan, se lleva a cabo una estrategia de comunicación importante para dar a conocer este derecho.

Indicó que hace poco se lanzó la campaña Profedet vigila el reparto de utilidades, la cual se está difundiendo a nivel nacional y con la esperamos tener más de 200 mil impactos».

Además de ello, abundó, se han generado estrategias de otro tipo, en el caso de la Procuraduría Móvil, es un módulo itinerante a partir del cual se pueden levantar las quejas y dar toda la atención como si se hiciere en las oficinas centrales.

También, prosiguió, se ha llevado a diferentes ferias de empleo y de seguridad social y se hace una campaña importante en el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro para llegar a más población.

Igualmente, agregó, se participó el domingo pasado en el Ciclotón de la Ciudad de México y nos permitió llegar a otros miles de trabajadores y hacerles saber ese derecho que tienen.

Además, la Profedet cuenta con un módulo en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y con 47 representaciones foráneas y una en la Ciudad de México.

Explicó que para tener derecho al pago de utilidades es necesario que el trabajador haya laborado en la empresa por lo menos 60 días y siempre y cuando no se trate de los directores, administradores, o de los gerentes generales, ya que ellos ganan un porcentaje 20 por ciento mayor que los de base.

Es importante mencionar que en el pago de utilidades se tienen que incluir todas las incapacidades que se generaron por un riesgo de trabajo o un embarazo en el caso de las mujeres, los días festivos, vacaciones, los permisos con goce de sueldo y los días de descanso, todos ellos se integran para el pago de utilidades, subrayó.

Por otra parte, dijo, es importante señalar que hay empresas que están exentas, que son las menos, de este pago de utilidades. “Las primeras son las que llevan apenas un año de creación y solamente durante ese año no deben pagar utilidades y dos años cuando se trata de la generación de un producto nuevo.”

A su vez, el director general de Inspección Federal del Trabajo, Jorge Aguilar, señaló que la Secretaría del Trabajo como integrante de la Comisión Intersecretarial para la Participación de Utilidades de los Trabajadores lleva a cabo una estrategia para focalizar las acciones de vigilancia con la finalidad de proteger y tutelar los derechos laborales de carácter económico en beneficio de los obreros.

Advirtió a las empresas las empresas de jurisdicción federal que no cumplan con el pago de esta prestación se les hará llegar una carta invitación con requerimiento documental, en la cual se le da 10 días para que acuda ante la delegación a acreditar la entrega de estos recursos económicos.

En caso de no hacerlo o ser omisa será motivo de una inspección extraordinaria para verificar el cumplimiento a la normatividad laboral.

Añadió que en caso de que esa inspección extraordinaria se suscite o se concluya que incumplió con la normatividad establecida, se iniciará un procedimiento administrativo sancionador.