Isabel Ortega. Xalapa, Ver., 28 de mayo de 2018. En sesión vespertina, el Congreso local dio entrada a la iniciativa ciudadana de la Coalición de Pensionistas del Estado (Copipev), que tiene por objetivo darle autonomía al Instituto de Pensiones del Estado (IPE).
La intención de jubilados y pensionados es «desmonopolizar, especializar, agilizar, independizar, controlar y transparentar ante la sociedad toda la actividad financiera y administrativa que le corresponde al Instituto».
La iniciativa, que busca reformar el artículo 67 de la Constitución, considera que es necesario independizar al IPE del Poder Ejecutivo, ya que hasta ahora no ha existido transparencia, control y eficiencia en la administración del mismo.
Lejos de cumplir cabalmente con las funciones que le fueron encomendadas, ha sido convertido en un “aparato burocratizado, espoleado y saqueado al máximo, poniendo en alto riesgo la seguridad social de los derechohabientes”.
La dependencia que el IPE tiene del Ejecutivo Estatal inicia con la designación de su director general, su forma de gobierno, integrado por un Consejo Directivo integrado por 13 miembros, de los cuales 7 representan al Gobernador en turno y 6 son dirigentes sindicales incrustados ahí desde los años 70.
La propuesta establece que el régimen de prestaciones de la seguridad social de los trabajadores de base y de confianza de los entes públicos constituidos por la administración pública centralizada y entidades paraestatales o paramunicipales, los poderes Legislativo y Judicial, así como los organismos autónomos de la entidad, estarán a cargo de un organismo público constitucionalmente autónomo denominado Instituto de Pensiones Autónomo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave (IPAEV).
“Contará con autonomía presupuestal que estará determinada por las cuotas de los trabajadores activos y las aportaciones de los patrones, más el subsidio anual considerado del presupuesto General del Estado que podrá ser mayor pero nunca menor a lo correspondiente al autorizado al año anterior previsto para el ejercicio anual respectivo, y que deberá ministrarse conforme al calendario autorizado y en los términos que establezca la ley. Todo ello con la obligación del Estado como responsable y garante del sistema de seguridad social”.
