Isabel Ortega Xalapa, Ver.- La presidenta del Poder Judicial del Estado de Veracruz (PJEV) Liseth Aurelia Jiménez Aguirre, afirmó que el daño patrimonial de la cuenta pública 2021, es de más de 80 millones de pesos, según las observaciones que hizo la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
La litigante aseguró que la Contraloría Interna del Poder Judicial, lo mismo que la ASF tendrán que tomar las medidas legales correspondientes, como son procesos sancionatorios y denuncias penales, por no acreditar el gasto de los recursos públicos
“Fuimos notificados, se le fue haciendo todo el seguimiento, enviamos la documentación para solventar, y la ASF determinó que esa documentación no era suficiente”, planteó la magistrada.
Comentó que ahora corresponderá a la ASF iniciar con los temas penales, si no ellos al encontrar un detrimento patrimonial tiene que recurrir a la FGR, “nos notificaron que son 80 millones más o menos».
“Una vez que ellos detectaron la irregularidad, la pasan al área de responsabilidad patrimonial, para iniciar un procedimiento sancionador, de ahí lo pasan al jurídico, que son los que interponen una denuncia. Lo que hace la ASF en materia patrimonial, nosotros también ponemos nuestra propia denuncia, y para no estar a los tiempos de ASF”.
“Ellos ya nos están diciendo hay un problema, no se solventó, ya no solventará y ahora se tendrá que iniciar con el proceso legal” dijo y comentó que ellos presentarán una denuncia contra quien resulte responsable.
También en 2022 tienen observaciones por 20 mdp.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) observó el manejo irregular del dinero federal que dieron al TSJE en el ejercicio fiscal 2022 por más de 80 millones de pesos.
Como parte del pliego de observaciones que se entregó al Poder Ejecutivo en la revisión de la Cuenta Pública del 2022, el Poder Judicial fue requerido para explicar por qué algunos trabajadores ganan más de lo que establece el tabulador, el proceso de adjudicación de algunos contratos, especialmente de las ciudades judiciales.
La ASF auditó el capítulo de Servicios Personales. La Sefiplan remitió más de mil 96 millones para el pago de la nómina, al revisar el pago a 3 mil 906 trabajadores, se identificaron 56 pagos a 53 trabajadores en los que los conceptos de compensación temporal y compactadle y bono único extraordinario era superior en 153 mil 852 pesos.
Además, se realizaron 31 movimientos de pago a 12 trabajadores por un importe de 568 mil 435 pesos, después de que causaron baja definitiva; otros siete pagos, entregados a seis trabajadores por 105 mil 392 pesos, se transfirieron indebidamente a personas que estaban de licencia sin goce de sueldo.
En la revisión del proceso de contratación de obra, servicio o insumos, se detectó que el Poder Judicial del Estado realizó el 14.6 por ciento del total de procedimientos de adjudicación reportados, mediante procedimiento de invitación restringida; y el 85.4 por ciento por adjudicación directa.
Además, se observó como daño patrimonial la asignación de 13 contratos que fueron adjudicados de manera directa por un monto que supera los 15 millones de pesos en el ejercicio fiscal 2022. Entre los datos que la ASF observó al Poder Judicial fueron las estimaciones de las ciudades judiciales de Las Choapas, Tuxpan y Pueblo Viejo se pagaron 3 millones de pesos de más
