Hermano de Ortega pide desarmar a paramilitares y adelantar elecciones
Managua, 04 de julio/Notimex. El general en retiro Humberto Ortega pidió hoy a su hermano, el presidente nicaragüense Daniel Ortega, que desarticule a los grupos paramilitares y convoque a elecciones adelantadas, al abogar por la negociación como la mejor vía para superar la grave crisis que atraviesa el país.
El llamado del general Ortega fue publicado este miércoles, después de que la Alianza Cívica por la Justicia y Democracia, que agrupa a estudiantes, campesinos, empresarios y otros grupos sociales, acusó al gobierno de incumplir la mayoría de los acuerdos alcanzados en el Diálogo Nacional.
En una carta dirigida al Diálogo Nacional, el cual se lleva a cabo con la mediación de los obispos de la Conferencia Episcopal Nicaragüense (CEN) para hallar una solución pacífica al conflicto en Nicaragua, Humberto Ortega advirtió que la grave crisis amenaza con generalizar el caos sangriento y hacer colapsar la economía.
Recordó que en marzo de 1998, estando enojados debieron sentarse a negociar en Sapoá el fin de una guerra que ya había dejado miles de muertos y dijo que en esa experiencia fue fundamental verse como seres humanos y aprender a negociar, “que es el arte de saber ceder”.
Afirmó que “colocando a Nicaragua por encima de todo, firmamos la paz”, pero indicó que en el proceso se pidió la celebración de elecciones presidenciales y el desarme de la resistencia nicaragüense, “una fórmula política justa que hizo viable las primeras elecciones libres en Nicaragua y la desmovilización de la contra”.
Todo ello consolidó la paz en el país y con el triunfo electoral de Violeta Barrios se facilitó la reconciliación nacional, refirió.
Señaló que ahora los nicaragüenses sufren el actuar impune de civiles armados encapuchados que disparan a mansalva y ejercen controles que la ley sólo permite a policías o militares, situación agravada por la delincuencia común, que actúan en pro o contra del gobierno e intentan atacar a personalidades.
Aseguró que esta crisis es una oportunidad para una nueva simetría política, en la cual “el presidente Daniel Ortega ordene a lo inmediato disponer de todo el poder de orden del Estado y gobierno para desactivar a las fuerzas parapoliciales y cualquier otra ilegal”.
“En correspondencia, los obispos y la Alianza Cívica exhorten a los manifestantes a levantar todos los tranques por muy justos que sean sus motivos, porque son ilegales y lesionan los derechos humanos de compatriotas y extranjeros al impedir el libre tránsito”, añadió.
Puntualizó que todos los nicaragüenses quieren una solución pacífica a la crisis y enfatizó que si el presidente Ortega dice sí a la celebración constitucional de elecciones el próximo año, estará diciendo “sí a la paz” y entonces propiciará que Nicaragua se recupere, impulsará la economía, la inversión externa y el turismo.
Hasta ahora, el presidente Ortega ha rechazado renunciar y adelantar un proceso electoral, a pesar de que son las principales demandas de las protestas que comenzaron el pasado 18 de abril y que originalmente exigían frenar las reformas al sistema de Seguridad Social, pero la represión aumentó el malestar popular.
Los obispos impulsaron un Diálogo Nacional entre representantes de la sociedad civil y del gobierno para intentar encontrar una salida a la crisis, que ya ha dejado más de 300 muertos, y en ese marco se alcanzaron una serie de acuerdos.
En un informe de trabajo, la Alianza Cívica señaló que desde que se instaló la mesa de negociación la delegación gubernamental sólo se ha interesado por el desmonte de los tranques y que en la práctica ha incumplido la mayoría de los compromisos que adquirió.
El Ejecutivo no ha retirado a la policía, mantiene la violencia y las amenazas contra las manifestaciones cívicas, así como los saqueos, invasiones de tierra, robos e incendios a propiedad privada y ha evitado discutir el tema de la democratización del país y de las reformas al Sistema Judicial, precisó.
También ha incumplido 12 de las 15 recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de las cuales el alto a la represión, la desarticulación de los paramilitares y de grupos armados que actúan contra la población en complicidad con la policía, son las principales.
Juan Sebastián Chamorro, miembro de la Alianza Cívica, aseveró que el hecho de que gobierno no respete sus compromisos muestra “su falta de voluntad política” para una solución cívica a la crisis, al parecer “lo que quiere es ganar tiempo y eso es una situación peligrosa, incluso para ellos mismos”.
“Existe un rechazo generalizado e indignación de la gente, la economía está muy dañada y todo va a empeorar si el gobierno no entiende”, apuntó Chamorro, quien aseguró que pese a los ataques contra las manifestaciones, éstas continuarán hasta que Nicaragua haya sido democratizada.
