Isabel Ortega/Xalapa, Ver.- La presidenta de la Poder Judicial del Estado de Veracruz (PJEV), Aurelia Lisbeth Jiménez se dijo respetuosa del criterio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CUDH) que pidió revocar la figura de prisión preventiva oficiosa, medida cautelar decretada en automático, ante la presunción de la comisión de un delito.
La magistrada, aseguró que ellos no podrían dejar de aplicarla, pues dicha figura está contenida en la Constitución Política de México, por lo que para dejar de aplicarla, tendrán que modificar la ley.
En México, cuando una persona es detenida es presentada ante un juez que determina si el proceso judicial en su contra lo puede llevar en libertad o si es recluido en algún Centro de Readaptación Social.
Al respecto, comentó que el hablar de la prisión preventiva implica hablar de derechos humanos y de constitucionalidad.
“La prisión preventiva está prevista en la Constitución, en tanto la Constitución no se reforme, tiene que seguirse aplicando, porque las autoridades estamos obligados a respetar la ley”.
Comentó que la postura de la Corte es respetable, sin embargo, se hace necesaria la aplicación de la prisión preventiva, a pesar de que los abogados aseguran que la medida es excesiva.
“Se aplica en cada uno de los casos que así lo prevé la ley (…) no es una cuestión potestativa de los jueces, hay un catálogo en dónde se dice en qué casos se aplica la prisión preventiva”.
Por lo anterior, insistió que mientras el delito esté vigente se seguirá aplicando, “no es una sentencia anticipada, porque en ningún momento se le violentan sus derechos, y la ley lo clasifica así en delitos como secuestro, feminicidio u homicidio”, explicó.
