Isabel Ortega/Xalapa, Ver.- En una primera instancia, la Sala Regional Unitaria Centro del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Veracruz, resolvió inhabilitar por un periodo de 20 años a cuatro exfuncionarios del gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares, por la asignación de manera directa del contrato para la instalación del servicio de videovigilancia.
Fue el organismo interno de control de la Secretaría de Seguridad Pública el que inició el juicio ante el Trijaev, por el proceso de asignación del contrato a la empresa Comtelsat, SA de CV que cobró más de mil millones de pesos por la instalación de las cámaras de videovigilancia, sin embargo, no concluyó con la instalación ni la entrada en operación de las mismas.
Los exfuncionarios inhabilitados son: Jaime Ignacio Téllez Marié, ex secretario; Juan Carlos Saldaña Morán, exjefe de la Unidad Administrativa; Guillermo Moreno Sentíes, ex jefe de la Unidad Administrativa e Iván Cuauhtémoc Santos Álvarez, exdirector del C4.
La sentencia podría ser revisada por el pleno del Trijaev, y los afectados podrían recurrir a un amparo ante la decisión de los magistrados del tribunal de justicia administrativa, órgano que creó el Poder Legislativo, con mayoría de Morena, que nombró a personajes afines al partido en el poder.
La sentencia determinar que la falta administrativa es grave, lo anterior, porque el área administrativa de la SSP emitió un dictamen de procedencia que exceptúa el procedimiento de licitación pública nacional para la contratación para la adquisición, suministro e instalación y puesta en operación de sistemas de circuito cerrado de televisión CCTV para un Sistema Estatal de videovigilancia en el Estado de Veracruz elaborado por él y por la Subsecretaría de Logística.
La resolución fue validar la cotización de la empresa COMTELSAT S.A de C.V, por un monto de mil 116 millones de pesos, como “la mejor propuesta”, y se solicitó el inicio del proceso de adquisición, suministro, instalación y puesta en operación de sistemas de circuito cerrado de televisión (CCTV) en el estado de Veracruz.
El 6 de diciembre del 2017, en la Novena Sesión Extraordinaria del Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Enajenaciones de Bienes Muebles de la Secretaría de Seguridad Pública, fue aprobada mediante el acuerdo de autorización E-IX-135-06/12/17 la adquisición, suministro e instalación y puesta en operación del sistema de circuito cerrado de televisión CCTV.
El 7 de diciembre del 2017, el jefe de la Unidad Administrativa suscribió el contrato SSP-UA-111/17 para la “Adquisición, Suministro, Electrificación e Instalación y Puesta en Operación de Sistemas de Circuito Cerrado de Televisión CCTV en el estado de Veracruz” en representación de la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Veracruz con la empresa “Comtelsat” S.A. de C.V.
El contrato obligaba al Estado a pagar mil 116 millones de pesos; y se realizaron pagos por un total de mil 44 millones de pesos, de los cuales 350 millones corresponden a recursos federales.
En ese caso, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) inició la investigación correspondiente; recursos pagados sin que se obtuvieron la totalidad de los bienes y el servicio contratado, aunado a que la mayoría de los bienes recibidos presentaban fallas o no servían.
La Ley General de Responsabilidades Administrativas señala que cuando se detecte daño patrimonial se afinque la indemnización a los presuntos responsables, por lo que se fincó indemnización por el 100% del daño y una Inhabilitación para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público.
En ese sentido, la sentencia determina que los funcionarios públicos del gobierno yunista tendrán que pagar mil 44 millones de pesos, y no podrán ocupar cargos en la función pública por 20 años.
