Política migratoria de Alemania choca contra derechos humanos de la UE
Olga Borobio. (Corresponsal). Berlín, 05 de julio/Notimex. La instalación de centros de tránsito para refugiados en la frontera germano-austriaca por parte de Alemania supone un endurecimiento de la política migratoria que choca contra medidas a favor de los derechos humanos que rigen en la Unión Europea (UE), opinó el experto Hendrik Cremer.
“Los acuerdos bilaterales no pueden superar los acuerdos europeos”, expuso en conferencia de prensa Cremer, experto del Instituto Alemán de Derechos Humanos.
Cuando un inmigrante llega a la frontera de un país de la Unión Europea (UE) sin papeles, sin visa o sin un permiso de residencia, se debe aplicar el acuerdo de Dublín III, que es el marco para determinar qué Estado es responsable de esa persona.
Por lo general, se pueden aplicar tres reglas para saber qué Estado lo puede acoger: el primer país de la UE donde el inmigrante ha sido registrado; una nación en la que el inmigrante tenga ya a miembros de su familia; o el caso especial de los menores de edad.
“En cualquiera de los casos, es necesario que un juez lo decida y, en caso que dos Estados disputen sobre cuál de ellos tiene la responsabilidad, debe decidir igualmente un juez”, explicó Cremer.
En este sentido, el compromiso que alcanzaron el lunes en Alemania los partidos Unión Demócrata Cristiana (CDU) y la Unión Social Cristiana (CSU) parece poco efectivo a corto plazo y, en cualquier caso, no puede suponer un encierro de los refugiados y su expulsión rápida a otro país.
Desde el lunes, el socio de la coalición de gobierno alemán el Partido Socialdemócrata (SPD) pidó que no sean centros de tránsito cerrados, como si fuera una prisión.
Mientras la canciller federal de Alemania, Angela Merkel, y el ministro del Interior, Horst Seehofer, plantean una retención de los inmigrantes por máximo 48 horas.
“Desde nuestro Instituto celebramos que se empiece a discutir teniendo en cuenta los derechos humanos, pero decisiones en 48 horas parecen bastante improbables”, subrayó Cremer.
La ministra de Justicia alemana, Katharina Bartley, del SPD, también defiende que cualquier persona se merece un “proceso justo”.
El convenio europeo de Dublín III establece que si se determina que un país debe responsabilizarse de un inmigrante que ha llegado a un segundo país de la UE, el proceso de retorno sólo puede activarse si el primer país también lo aprueba.
En este sentido, “acuerdos bilaterales en el marco de Dublín III son esenciales mientras que las formas de proceder unilaterales y nacionales, son erróneas e improcedentes”, continuó Cremer.
De lo contrario, se crearía un efecto dominó y un caos con personas deambulando de un país a otro. señaló.
Cuestionado sobre la corrección del concepto “centro de tránsito”, Cremer indicó que no hay un precedente, pero que cualquier persona que llega a la frontera está protegida por los acuerdos internacionales y por el derecho europeo de los derechos humanos. “No se pueden aplicar otro tipo de estándares”, dijo.
Cremer deja claro que lo que está del todo prohibido es la expulsión automática de personas en la frontera, según el estatuto Dublín III, que también autoriza acuerdos bilaterales, “pero sólo a nivel de resolución de cuestiones técnicas y administrativas, no a nivel de qué Estado es responsable de los inmigrantes y refugiados”.
Se considera ilegal a alguien que no tiene los documentos migratorios pertinentes para ingresar en un país, pero, en el marco de la huída o exilio, es normal que los ciudadanos pierdan los papeles por el camino, dado que muchos huyen de situaciones de guerra.
Respecto al contexto, Cremer apuntó que, como ha sido el caso de Grecia, nación en la que hay un elevado número de refugiados en campos, si se determina que más personas deben ser enviados a un país, pero ese país no está en condiciones de acogerlos, se puede modificar el Estado que se responsabilice de ellos.
“Igualmente es una contradicción que la UE quiera regresar a las personas que cruzan el (mar) Mediterráneo en pateras a la guardia costera en Libia. Ese país del Norte de Africa no cumple los criterios democráticos”, subrayó.
«Salvar a la gente en el mar significa llevarlos en algún lugar seguro”, prosiguió el experto alemán en derechos humanos, quien también se opone a la construcción de grandes campos de refugiados.
“Es muy importante que la UE desarrolle una estrategia efectiva de salvamento marítimo de refugiados”, propuso Cremer, tras denunciar que “ahora mismo, los Estados europeos no están cumpliendo con sus obligaciones en este ámbito y nos preocupa”.
El antecedente es que los dos partidos democristianos de la coalición de gobierno alemán acordaron el lunes la creación de centros de tránsito para refugiados en la frontera germano-austriaca, pero de inmediato esa decisión levantó protestas por parte de Austria.
La medida de los centros de tránsito todavía no está aprobada por el tercer partido de la coalición alemana de gobierno, el Partido Socialdemócrata.
La decisión se dio después de la fuerte presión que hizo el partido más conservador de la coalición, el CSU, que amenazó incluso con romper el gobierno.
Este jueves, el comité de la gran coalición CDU/CSU/SPD se reunirá por cuarta vez consecutiva esta semana para encontrar un consenso a nivel de gobierno que permita avanzar en política de asilo.
El Instituto Alemán de Derechos Humanos es el organismo nacional independiente de derechos humanos que se compromete a garantizar que Alemania respete y promueva esas garantías en el país y en el extranjero.
El instituto realiza investigaciones interdisciplinarias sobre cuestiones de derechos humanos y observa la situación de los derechos humanos en Alemania.
Se dedica a asesorar a las políticas federales y estatales, al poder judicial, al cuerpo legal, las empresas y las organizaciones de la sociedad civil sobre la implementación del derecho internacional de los derechos humanos.
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